Carlos Rivera es liberado

Una extraña coincidencia, amenaza vedada o una justicia ineficiente hizo que el conocido abogado Carlos Rivera Paz pasará una noche en el Centro de Requistorias de la PNP por una orden de captura que emitió el 40º Juzgado Penal por una supuesta falsificación de documentos públicos en agravio de la ONPE.

Lo cierto es que el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y ex representante de la parte civil en el megajuicio a Alberto Fujimori fue liberado tras rendir por más de tres horas su declaración instructiva ante el juez Julio Díaz Paz.

A su salida del juzgado, Rivera indicó que este proceso tiene 16 meses en giro y nunca se le notificó en sus direcciones, a pesar de ser un personaje público, sino que se hizo en un lugar en el que no vive desde hace 25 años.

Indicó que lo más grave es que la fiscal Ninfa Espinoza Sotomayor ha pedido cuatro años de prisión, pues habría utilizado firmas y huellas dactilares falsas en las listas de adherentes que el Partido Político por la Democracia Social-Compromiso Perú, liderado por Susana Villarán, presentó a la ONPE.

En ese sentido, Rivera afirmó que su única ayuda al referido grupo fue comprar el kit electoral en el 2001, pero que no participó en la recolección de firmas y nunca supo si se llegó a inscribir.

El abogado agregó que la fiscal emite acusación cuando previamente había pedido al juez más diligencia. Rivera precisó que su captura fue muy extraña, pues se da en un escenario en el que el IDL ha pedido una investigación imparcial por los sucesos de Bagua.

Además, debía asistir hoy al comienzo de dos juicios por violación de los derechos humanos en el primer gobierno de Alan Garcia.


ONPE dice que no lo denunció
En un comunicado, la Oficina de Procesos Electorales (ONPE) precisa que dentro del proceso de verificación de las firmas entregadas se encontró que una parte de ellas revelaba características gráficas similares, compatibles de provenir de un mismo puño gráfico, por eso se puso el hecho en conocimiento de la Fiscalía de la Nación en octubre de 2004, pero no se incluyó nombres ni se dice delitos. Agrega que de manera similar ha procedido con otras 33 agrupaciones donde se han encontrado anomalías en las firmas de adherentes.

Por otro lado, el presidente del PJ, Javier Villa Stein, expresó su preocupación por la detención de Rivera. Dijo haber pedido un informe para saber qué ocurrió, y aseguró que se mejorará el sistema de notificaciones.

Fuente: Diario La República