El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera fue detenido sorpresivamente en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, por un juicio abierto el año pasado, y del que no recibió ninguna notificación previa.
El representante de la parte civil en el proceso penal contra Fujimori por los asesinatos de los estudiantes de La Cantuta y Barrios Altos, y que ahora sigue el caso de la matanza de El Frontón ocurrida durante el primer gobierno de Alan García, fue detenido por efectivos de la División de Requisitorias cuando arribaba a Lima procedente de la ciudad de Washington.
“Me encuentro con la ingrata noticia de que tengo una orden de detención . No tengo aún información exacta”, señaló a este diario telefónicamente mientras era conducido al local de Requisitorias.
“Solo me han comunicado que tengo un proceso abierto desde hace un año, y que es por falsificación de documentos públicos. Jamás he sido citado por ningún órgano del Ministerio Público, menos del Poder Judicial, para rendir una declaración”, dijo sorprendido.
Rivera tiene una orden de captura emitida en su contra desde el 20 de mayo por el juez suplente del cuadragésimo Juzgado Penal de Lima. Extrañamente, viajó al exterior el 24 de mayo sin que la policía lo notificara en esa ocasión. Pese a lo raro de su detención, el abogado de IDL no quiso adelantar si había detrás un móvil político.
“ No tengo elementos para decir que hay una razón política. Me parece un proceso irregular y el juzgado en vez de corregirlo lo ha profundizado al darme un mandato de detención”, indicó.
El Instituto de Defensa Legal señaló, mediante nota de prensa, que la detención sería una represalia por su accionar a favor de la democracia y derechos humanos.
Simon lo niega
Por su parte, el jefe del gabinete ministerial Yehude Simon afirmó que el seguido contra Rivera es un proceso antiguo relacionado con la Onpe, y que la policía actuó por mandato judicial y no por cuenta propia; así, descartó que el gobierno estuviera tras la detención.
Buscan obstaculizar la labor de IDL
Gloria Cano Legua
Responsable del área legal de Aprodeh
Nos parece muy extraño que esto ocurra un día antes de que se inicie el juicio por el asesinato de campesinos en Pucará. Además, en esta semana se iniciaba también el proceso por la desaparición del señor Barrantes, acusado de haber vendido secretos militares a Ecuador, lo que ocurrió en el primer periodo de Alan García. Por lo que no nos parece casual que justo antes de iniciar estos procesos detengan a Carlos Rivera.
Creemos que siendo él el abogado principal de IDL, la intención es distraer y obstaculizar la labor de IDL en las distintas defensas que está haciendo.
Asimismo, creemos que en su detención hay una irregularidad que aclarar porque a él nunca se le notificó. Lo tienen como no habido y por eso el juez pidió su captura a nivel nacional. Sin embargo, hemos estado casi más de un año declarando casi en forma diaria por el juicio a Fujimori.
Detención es una represalia política
Ernesto de la Jara
Director de instituto de defensa legal, IDL
Creemos, evidentemente, que esto es una represalia política por el tipo de actividades que realiza Carlos Rivera y el IDL, las que han despertado las iras del régimen político y de quienes gobiernan. Pensamos que puede haber una injerencia política, sobre todo, porque el juez que da la orden de detención es un juez suplente nombrado por Vega Vega, un conocido personaje vinculado al Apra.
No es la primera vez que toman represalias contra nosotros, IDL ya ha sido investigada por la comisión de Defensa a pedido del vicepresidente Giampietri.
Exigimos una explicación. Asimismo, la libertad inmediata de Carlos Rivera, la investigación de las irregularidades de esta detención y la sanción disciplinaria y penal, si corresponde, a los responsables
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Los compañeros Martin Guerra y Diego Motta en conferencia de prensa
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